2.1 BOGOTÁ: Ciudad global, políticas de revitalización urbana y participación ciudadana en la ciudad
A lo largo de los últimos 20 años Bogotá ha venido implementando un modelo de ciudad densa, compacta y con tendencias evidentes a profundizar sus dinámicas de conurbación. Este modelo, desde los años 70, ha privilegiado intereses particulares en la ciudad, representados por las constructoras quienes con el gobierno de Misael Pastrana Borrero y sus “Cuatro Estrategias”[1], establecieron la industria de la construcción como jalonador de la empleabilidad y motor de la economía nacional, por medio de la expansión del crédito a la demanda. De este modo, se estableció en el país un modelo de ciudad que vinculó la expansión urbana con la producción de vivienda nueva a manos de constructores privados y con el endeudamiento a través del sistema crediticio[2].
Dicho modelo tendría a Bogotá como principal objeto de intervención. En líneas generales, este modelo significó un acelerado incremento en la captación de ahorro de grandes corporaciones financieras, y la focalización de la actividad económica bajo una dinámica de endeudamiento, emisión de dinero y especulación financiera[3].
Ahora bien, esta estructura de crecimiento y planificación regional ha producido una estructura de crecimiento y renovación urbana asociada a una permanente especulación de la tierra urbanizable, así como un ordenamiento permanente del espacio en función de la producción de vivienda nueva. En este orden de ideas, puede decirse que tanto el sector de la construcción como el fiduciario han construido un modelo de ciudad para poder captar un mayor beneficio económico, a partir del ahorro de la población de clase media y de los créditos estatales dirigidos a la adquisición de vivienda de interés social. A este respecto conviene leer la exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo no. 277 de 2009 de la Alcaldía de Bogotá, “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación de la Política Pública de Renovación Urbana y se dictan otras disposiciones“, donde se reconoce que: “[…] la gestión urbana y los instrumentos que se emplean para la renovación de las ciudades no pueden prestarse para que los grupos de interés sigan acumulando riquezas en virtud del esfuerzo que hace toda la comunidad; por el contrario deben servir como una herramienta para incrementar los niveles de calidad de vida de los habitantes de las ciudades”.
Dicho modelo ha venido valiéndose de las herramientas de planificación urbanística, de modo que en Bogotá instrumentos como los planes zonales, planes parciales y planes estratégicos vienen siendo utilizados para expulsar asentamientos históricos de la población de estratos populares, bien sea porque no tienen títulos de propiedad que garanticen su posesión sobre dichos territorios, bajo prerrogativas de preservación ambiental, o por aparecer en las zonas de asentamiento riesgoso. Uno de los casos más emblemáticos es el de la definición de las zonas de reserva forestal en los cerros orientales de la ciudad, por medio del Decreto Distrital 1020 de 2000; donde a través de argumentos ambientales o de asentamiento de alto riesgo, con el tiempo esos territorios que fueron expropiados a sectores populares que tradicionalmente los han ocupado, luego son adquiridos por los grandes constructores a muy bajo precio. Este proceso convierte el despojo territorial en plusvalía especulativa, al desarrollar proyectos inmobiliarios sobre territorios con un alto valor estratégico en el mercado de tierras de la ciudad. De esta manera, la planeación de la ciudad se ha convertido en un motor de expulsión de grandes grupos de ciudadanos y de generación de altas tasas de plusvalor por medio de la especulación predial.
De acuerdo con una investigación desarrollada por Gina Paola Rico para el caso de disputa territorial en los Cerros Orientales, se concluye que los inversionistas privados utilizan las regulaciones ambientales con dos fines: i) Legalizar los usos del suelo, así entren en contradicción con principios constitucionales como la función social de la propiedad, o con normas generales de ordenamiento del territorio, como el Acuerdo 6 de 1990. Y, ii) Para mostrarle a la ciudadanía y los entes de control la legalidad de los usos del territorio, de manera que si, por un lado, el modelo de la legalidad define quién puede usar el suelo es el propietario quien, en los amplios márgenes que define la ley, puede “legalmente” hacer uso del territorio de acuerdo con sus necesidades y deseos (Rico 2011:133). De acuerdo con esta autora, “Existe una relación de poder entre los habitantes, el urbanizador y el gobierno, que puede ser representada como un campo de fuerzas, en el cual los tres luchan por la definición del significado del territorio, y con ello adquirir el privilegio de usarlo, reglamentarlo y distribuirlo, de acuerdo con las necesidades y deseos que hayan conquistado este significado” (Ibid.:136). Sin embargo, vale la pena remarcar que dicha relación de poder es fundamentalmente asimétrica, entre los habitantes históricos de un territorio y el músculo de cabildeo e influencia política de los urbanizadores, que incluso tienden a influir e interpretar para su beneficio las disposiciones generadas por el gobierno nacional y local.
De acuerdo con el urbanista Carlos Torres, en la actualidad es posible advertir que el modelo de ciudad para el caso de Bogotá:
“[…] no ha cambiado ya que los escenarios para el diseño estratégico de la ciudad, continúan en manos de los que históricamente han controlado todo lo qué se hace en Bogotá. En estos ocho años, las secretarias de Hábitat, de Planeación Distrital y el Instituto de Desarrollo Urbano, mantuvieron las mismas directrices de los años 90, años en los que no había gobiernos de izquierda. Es decir, se da continuidad a una serie de prácticas y políticas vinculadas a la configuración de un modelo que privilegia el mercado y el capital. El modelo se profundizó con cada administración. Indistintamente del color político de los alcaldes, dio lo mismo que estos fuesen rojos, verdes o amarillos. Todos trabajan sobre los mismos ejes de la ciudad, sin mirar los impactos generados sobre la población. Es evidente que al mismo tiempo que aumenta la acumulación de riquezas de un grupo, aumenta la segregación, la pobreza y las problemáticas sociales.” (Torres 2012)[4].
A pesar de esto, Bogotá ha venido cambiando de manera acelerada en otros ámbitos, sobre todo si se tiene en cuenta que esta ciudad es en la actualidad un escenario privilegiado del modelo globalizado, con niveles de aglomeración significativos para el mercado mundial. De este modo, en los últimos años Bogotá se ha venido constituyendo en un importante nodo a escala suramericana para la movilidad de mercancías y materias primas, así como en un atractivo espacio para la inversión del capital financiero internacional. Situación que se ha visto reforzada por la crisis del sector inmobiliario estadounidense y europeo, que necesariamente buscan rentabilidad e inversión en áreas no tradicionales como la suramericana y que con menor capital, producen una rápida recuperación y más garantías que en sus propios países; en ese sentido, hay una dinámica de orden global que se viene instalando paulatinamente en Bogotá. Sin embargo, es difícil sostener que la llegada de estos capitales producen riqueza y bienestar colectivo, ya que si miramos indicadores como el coeficiente de Gini, en los últimos años vemos mayor riqueza en la capital pero también mayor concentración de la misma[5].
2.1.1 Revitalización y participación ciudadana en la ciudad
A este respecto, el documento para la consulta ciudadana del Plan de Desarrollo de Bogotá -PDB- propuesto por la administración de Gustavo Petro: “[…] rechaza el curso que han seguido las megalópolis latinoamericanas y asiáticas que se han extendido arrasando el territorio y destruyendo el medio ambiente. En el caso de Bogotá, la conurbación es inaceptable” (PDB 2012:2); a su vez, el Plan de Desarrollo propone una “densificación verde y sin segregación” (PDB 2012:3). Estos dos lineamientos sumados al paradigma de “rehabilitación” o “revitalización”[6] urbana en sustitución de la idea de “renovación”[7], parecen ser los puntales de la actual propuesta de gestión urbana de la ciudad.
Si bien el documento del Plan de Desarrollo de Bogotá (2012-2016) fue llamado “Bogotá Humana”, una de sus preocupaciones evidentes es alcanzar una mejor relación entre la urbe y su entorno natural después de las situaciones de emergencia humanitaria, social y económica producidas por las inundaciones ocurridas a lo largo del año 2011. En el texto se afirma que segregación y depredación van de la mano, entendiendo que la ciudad que se ha venido construyendo expulsa a los pobres obligándolos a ocupar las cuencas de los ríos, las laderas de los cerros y, en general, obligándolos a vivir en sitios de alto riesgo; situación que, a su vez, redunda en maltrato y sobreexplotación de los sitios ambientalmente sensibles.
Una densificación verde y sin segregación significa prepararse para:
“[…] enfrentar el cambio climático disminuyendo la producción de gases de efecto invernadero, obliga a replantear los proyectos urbanísticos y de transporte que excluyen al otro, y que no aprovechan las ventajas de las nuevas tecnologías. Las diversas formas de segregación son expresiones del desprecio por los demás, y de la incapacidad de aceptar las diferencias. La revitalización del centro ampliado es un escenario privilegiado para mostrar las posibilidades de un nuevo modelo de renovación urbana incluyente y que reconoce la diferencia. La densificación verde y sin segregación implica el acceso universal a los equipamientos y a los servicios sociales. Las escuelas, los parques, los hospitales, los centros culturales y deportivos, estarán distribuidos de tal forma que todas las personas tendrán las mismas posibilidades de acceso” (PDB 2012:4).
De igual manera el Plan de Desarrollo recoge la propuesta presidencial de ciudad-región, entendiéndolo como una oportunidad de posicionar la ciudad y sus territorios conexos en el ámbito internacional. Para lo cual, la administración de Petro propone desarrollar dichos relacionamientos a partir de un enfoque horizontal, “[…] de promoción de un liderazgo estratégico en los temas esenciales de Bogotá Humana, priorizando las relaciones sur–sur y consolidando instrumentos de solidaridad como las redes de ciudades y hermanamientos” (PDB 2012:4).
Cabe anotar que, esta administración retoma el concepto de “ciudad amable” desde el punto de vista de la redistribución de los beneficios producidos por el crecimiento y mejoramiento logístico de la ciudad. En este ítem, el texto reconoce que “[…] la principal fuente de recursos de la ciudad está en el manejo del suelo y del urbanismo” (PDB 2012:5). Motivo por el cual, la ciudad solo podrá ser más amable para todos en la medida que se estimule “[…] la inversión y la generación de riqueza por parte del sector privado, con la convicción profunda de que las rentas derivadas del manejo del suelo y del urbanismo no pueden ser apropiadas por unos pocos. [En este sentido] La administración velará para que la participación en los excedentes de la aglomeración sea distribuida de manera equitativa”[8] (PDB 2012:5).
De otra parte, es digno remarcar el énfasis en el concepto de “revitalización urbana”, en un contexto en el que las entidades del Estado han privilegiado el tema de la “renovación”, paradigma que como venimos de ver históricamente ha beneficiado a la industria de la construcción. Así pues, en la nueva administración parece decantarse un proyecto de ciudad que mira otras alternativas como el mejoramiento de las viviendas ya existentes.
Es de recordar que Gustavo Petro indicó en la socialización pública de su propuesta de Plan de Desarrollo que en referencia a la revitalización:
“[…] es necesario que la renovación urbana se conciba como revitalización, que modifica los criterios convencionales de renovación funcional a proyectos inmobiliarios, asociada a especulación y al desplazamiento de la población de las zonas centrales. La revitalización significa una transformación de las zonas con la integración de los residentes originales. Es un llamado a que los hogares de más bajos ingresos ejerzan su derecho a la ciudad ya construida y superen su condición de informalidad y exclusión. La revitalización reconoce lo existente y hace referencia a “dar vida”, no sólo al territorio, sino a sus pobladores” (Gustavo Petro. Acto de lanzamiento público del Plan de Desarrollo Bogota Humana, 29 de Febrero 2012).
Esta política intentaría allanar algunos de los principales problemas del modelo histórico de la ciudad colombiana, en referencia a su tendencia a profundizar la exclusión y segregación basada en procesos de “gentrificación urbana”[9]. Por ejemplo en opinión de Carlos Torres (Ibid.):
“Los gremios insisten en decir que Bogotá no tiene suelo disponible para hacer vivienda de interés social, mientras que yo considero que Bogotá sí tiene suelos para vivienda de interés social, el problema es que el suelo que existe está destinado para otro tipo de proyectos distintos al que necesitan la mayoría de los habitantes de la ciudad. Estos suelos que están disponibles y que se podrían ocupar para desarrollar proyectos para vivienda de interés social, están destinados para proyectos de altas rentas, rentas vinculadas con el capital internacional. El segundo problema con el tema de la vivienda es el subsidio, el cual no se ofrece a la demanda, es un subsidio al mercado. El subsidio no llega a la persona que espera beneficiarse, la gente tiene que meterse al juego financiero, hipotecándose a un banco con las reglas del mercado. ¿Y qué obtiene con un subsidio y un crédito? Una vivienda absolutamente incompleta, un producto inacabado en el cual debe seguir haciendo inversiones para vivir en condiciones mínimas. El modelo neoliberal estima que la función del Estado debe reducirse a la regulación, así que hoy en día el Estado no construye vivienda, solo el sector privado, y éste construye solo sí obtiene una ganancia. La pregunta es ¿dónde está el papel del Estado ofertando vivienda para los sectores más pobres?” (Torres 2012).
En este contexto, una política fundada en la “revitalización” urbana es revolucionaria, ya que no se busca construir sobre la generación de plusvalía generada por la construcción y gentrificación del espacio urbano, sino que se plantea la protección de moradores y, de manera explícita, la no expulsión de los pobladores populares de sus territorios (cambio sustantivo con respecto a los dos gobiernos anteriores); lo cual, en la práctica significa la posibilidad de intervenir el modelo con oferta de vivienda social para el arrendamiento y la recomposición de los sectores informales, generando reasentamientos in situ. En palabras del actual alcalde: “[…] lo que queremos es una revitalización urbana, que debe ser voluntaria cuando viven comunidades, y sin utilizar el procedimiento de consolidación, queremos pasar a amplias zonas de renovación urbana, con el criterio de revitalización, es decir que la comunidad decide libremente, donde no se expulsa a la comunidad. No vamos a sacar a los pobres para meter a los ricos” (Petro Gustavo, Mayo 2012).
Finalmente, un elemento a resaltar de este Plan de Desarrollo tiene que ver con un interés manifiesto por fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, referidas a la ciudad; se propone entonces, involucrar a la ciudadanía organizada o no, en la toma de decisiones que sean vinculantes, respetadas y ejecutadas. Los escenarios privilegiados por la administración para promover la participación ciudadana, a lo largo de los 4 años de administración, son: Plan de Desarrollo Distrital, los Planes de Desarrollo Locales, la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los presupuestos participativos (PDB 2012:39-40).
Esta idea se articula con el desafío de las actuales administraciones urbanas: “Tenemos que conversar con las comunidades y considerar sus propuestas. Porque desde el Estado se imagina que la población que habita en los territorios es incapaz de pensar cómo se construye un territorio. Entonces llegan “los expertos” y les establecen un parámetro y un modelo que no les beneficia. Se desconoce la capacidad que tiene la comunidad de pensarse el territorio o presentar alternativas a sus problemas y dar soluciones. Pero la población seguirá resolviendo, tal como lo ha hecho por años, el acceso a la vivienda, a los servicios públicos, a la movilidad, por la vía de la informalidad” (Torres 2012).
Vemos entonces que las ideas de participación ciudadana y revitalización son fundamentos conexos que se integran en una visión renovada del modelo de ciudad. Si tenemos en cuenta que la “revitalización” es un modelo de intervención de políticas públicas, basado en una gestión integral y multidisciplinar que utiliza la vivienda como recurso integrador del tejido urbano. Desde este punto de vista, “[…] el barrio es la “unidad básica” para reconstruir la ciudad, por tanto, la revalorización y el reconocimiento del barrio como espacio vital donde pueden resolverse los múltiples y crecientes problemas de nuestras ciudades es esencial para articular un proyecto de estas características. Devolver a la persona su carácter de ciudadano posibilita que convierta al barrio donde vive en un foco de atracción y de identidad” (De la Iglesia & Moreno 2006)[10].
2.2 CALI: Políticas de metropolización y ciudad-región
Para el análisis del modelo de ciudad históricamente construido en la ciudad de Cali se utilizará como referencia la tesis de Maestría realizada por Nelson Londoño (2011), en la que se comparan los lineamientos de la evolución metropolitana esta ciudad, realizados por el famoso urbanista e historiador Aprille-Gniset, con lo que efectivamente sucedió entre 1980-2010. De acuerdo con Aprille (1992), eran dos los factores que delinearían las transformaciones más importantes del entorno metropolitano caleño hacia finales de 1970: i) el desarrollo industrial logrado desde 1945[11], y ii) la profundización, de forma paralela, de la agroindustria de la caña de azúcar[12].
De acuerdo con Londoño (2011.:57), Aprille-Gniset avizoraba que las principales transformaciones territoriales de este entorno metropolitano se han dado y se darán en la medida que avance el proceso agroindustrial, la urbanización, el crecimiento poblacional y el desarrollo industrial. Para este último sector, Aprille identificó el inicio de una fase de estancamiento que tendría como consecuencia la modificación de la estructura ocupacional de la población, disminuyendo su participación en el sector industrial y favoreciendo el ascenso del sector de servicios y comercio como actividades propias de la ciudad. Cambio que significará la ocupación poblacional en actividades de baja calificación y la proliferación de economías de subsistencia; proceso que, en líneas generales, producirá el empobrecimiento generalizado de la población y de la ciudad misma.
A este respecto, de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano, la región ha venido mostrando la siguiente tendencia durante los últimos años:
“Desde mediados de los años noventa, la economía regional viene perdiendo participación en el ámbito nacional de tal manera que hoy representa 2,2 puntos porcentuales menos del PIB colombiano que en 1990. En la década 2001-2010, el crecimiento real del PIB del Valle promedió un 3,5%, frente a un 4,1% de la economía nacional. A medida que se acentúa el auge minero-energético, la brecha tiende a volverse mayor. En 2010, mientras la economía nacional creció un 4,3%, impulsada por la actividad extractiva, la del Valle lo hizo en solo un 1,7%.Este menor dinamismo explica en parte porque mientras entre 2002 y 2010 la incidencia de pobreza por ingreso cayó 12,2 puntos porcentuales a nivel nacional, en el Valle y en Cali cayó solo 8,6 y 7 puntos porcentuales, respectivamente” (Plan Desarrollo Cali 2012:78).
De manera complementaria, Aprille-Gniset reconocía a comienzos de los ochentas, que el avance de la caña de azúcar es quizás el fenómeno que más golpea a la región por sus múltiples consecuencias sociales y espaciales. En términos sociales, provoca el desplazamiento de la población campesina del valle geográfico hacia las laderas o hacia los centros urbanos, disminuye la producción de alimentos, transforma la estructura ocupacional de la población y crea dependencia económica de la agroindustria. Espacialmente, provoca la transformación en la estructura de la propiedad de la tierra, obliga la nuclearización de la población en torno a centros poblados cañeros, con su consecuente crecimiento, que en adelante funcionaran como proveedores de mano de obra y de servicios en aquellos localizados a lo largo de los ejes viales principales (Londoño Ibid.).
Para Londoño (Ibid.:67), la evolución metropolitana de Cali se puede sintetizar en las siguientes fases:
- Antes de 1940, construcción de infraestructura y desarrollo del comercio exterior.
- 1940 – 1969, industrialización.
- 1970 – 1990, desindustrialización y tercerización.
- 1990 – 2010, apertura económica.
De acuerdo con este autor, para el último periodo señalado las acciones y fenómenos que han impulsado e impulsan la transformación de este territorio en la actualidad son: i) La implementación del modelo económico neoliberal en el marco del proceso de globalización y la desindustrialización acelerada del modelo productivo vallecaucano; ii) La transformación del rol del Estado en la planificación y ordenación del territorio; y iii) El desarrollo de grandes obras de infraestructura en la región para el entorno metropolitano, en especial de servicios públicos y movilidad[13]. (Ibid.:84).
En cuanto al crecimiento de la ciudad, los terrenos ubicados al sur del área metropolitana, de acuerdo con los estudios de Aprille, serían objeto de disputa tanto de los ingenios con miras a expandir la producción cañera, como de los constructores privados de vivienda; tal y como lo muestra el análisis de Londoño, dicha tensión por el espacio utilizable, luego de las obras de infraestructura que permitieron aprovechar las antiguas zonas inundables del rio Cauca, se decantó a favor del sector inmobiliario y constructor; situación que significó el fortalecimiento de procesos de conurbación entre Cali, Jamundi, Puerto Tejada y varios municipios del norte del Cauca y Sur del Valle.
Esta situación nos permite evidenciar, al igual que en Bogotá, la hegemonía del sector privado de la construcción en la forma de ordenar la planificación urbana metropolitana. Bajo este modelo el Estado es sólo un agente facilitador y regulador, recayendo el agenciamiento central en el consumo de los créditos ofrecidos por las corporaciones de ahorro y vivienda.
Hoy en día Santiago de Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia, y dicho proceso de modernización, tal y como lo muestra en su tesis Lorena Marín, se ha construido bajo una mirada:
“[…] del progreso enfocada en reforzar el sentido de pertenencia y la inclusión de una diversidad cultural que es innegable, haciendo un uso estratégico de discursos identitarios incluyentes como el civismo y la caleñidad que integran la diferencia en un plano ideal para hacer de Cali un terruño más querido por sus habitantes, y al mismo tiempo un lugar atractivo en términos turísticos y de inversión extranjera. Su cercanía con Buenaventura, el puerto marítimo más grande de Colombia, la ubica en una posición geopolítica que se ha reinventado con el pasar de los tiempos, posesionándola como el “epicentro de la Región Pacífica”. Sin embargo esta tendencia de renovación, es al mismo tiempo el resultado de un desempeño administrativo que considera las condiciones locales (sociales, geográficas, culturales, políticas) para catapultarlas a partir de unos mecanismos globales estratégicos, que privilegian las lógicas empresariales en cuanto a la planeación y la toma de decisiones públicas” (Marín 2011).
El desarrollo territorial del Valle del Cauca se ha centrado pues, en subordinar las relaciones regionales a la dinámica caleña donde se concentra el poder político y financiero. Al mismo tiempo, Cali concentra la fragmentación de conflictos en escalas diferentes: i) Procesos de descentralización real; ii) Escenarios de concertación de los Planes de Ordenamiento Territorial; iii) Planes de ordenamiento construidos socialmente; iv) Conectividad ecológica regional; y v) Circuitos de producción e intercambio regional.
En dicho contexto, Cali se ha convertido en un entorno propicio para dinámicas de acumulación y concentración de la tierra sustentados en la especulación inmobiliaria, la propiedad privada y el mercado de tierras para la construcción de vivienda nueva. La ciudad está atravesando un proceso de renovación urbana que está expresado en el eslogan de la saliente alcaldía de Jorge Iván Ospina (2008- 2011): “Estamos remodelando el Cielo, y vos estás en él”.
La anterior administración le apostaría, como ninguna otra, a la “renovación urbana” como cimiento estructural del camino hacia la modernización. La administración Ospina impulsó el auge de grandes obras de infraestructura (“Megaobras”), las cuales descansarían financieramente en los sectores populares de la ciudad, previendo que dichos macroproyectos urbanos favorecerían la inversión de capital privado, al tiempo que conducirían a la desestructuración de las territorialidades de los sectores más vulnerables de la población, rompiendo las redes sociales existentes e introduciendo circuitos productivos que quiebran las economías propias.
De igual manera, Ospina profundizó la dinámica de conurbación al sur de la ciudad para la clase media, así como la construcción de macro-proyectos de vivienda horizontal para sectores con alto poder adquisitivo en los sectores de la ladera, que tradicionalmente habían sido protegidos bajo atenuantes ecológicos. Esta doble dinámica que permanece inalterada bajo la administración del actual alcalde Rodrigo Guerrero, permite observar hasta qué punto el sector privado viene definiendo el desarrollo predio a predio, sin una idea de proyecto público de ciudad[14].
Casos como el de Ciudad Paraíso, en el centro de Cali, evidencian –bajo un patrón similar al de Bogotá- cómo los instrumentos de planificación urbana funcionan privilegiando los intereses privados y corporativos. En esta medida, “[…] la corrupción al interior de las entidades y la fragmentación de la operatividad institucional impiden una acción territorial coherente que reconozca la ciudad popular históricamente construida” (Marín 2011.).
Además, Cali es una de las ciudades que en el contexto nacional manifiesta una histórica y consolidada sectorización espacial en términos de etnia y clase social (Fernando Urrea 2012, socialización de resultados Proyecto P.E.R.L.A[15]). Por lo tanto, los procesos antes descritos recrean espacios exclusivos y privilegiados para los sectores que pueden pagar por ello, mientras que los sectores más vulnerables se ven obligados a habitar en espacios inadecuados, en bordes de ríos y quebradas, en humedales, en zonas de riesgo de deslizamiento, en espacio público. Con las catástrofes invernales del año anterior, se confirma cómo los mejores suelos de la ciudad han sido habitados por las clases medias y altas, que además van presionando a los pobladores más populares a un desplazamiento intra-urbano hacia las periferias o zonas degradadas (Duarte 2012).
2.2.1 El fortalecimiento de la metropolización y la ciudad-región caleña en el Plan de Desarrollo 2012 – 2016
La propuesta de Plan de Desarrollo de Cali –PDC (2012-2016)- ha sido llamada CaliDA, una ciudad para todos. Este texto se compone de 5 ejes: equidad, bienestar, prosperidad, entorno amable, proyección global y buen gobierno. Dichos ejes aparecen atravesados por la búsqueda de principios y valores de gestión pública, los cuales se concentran en la priorización del ser humano (individual y colectivo) manifestada en la inversión social efectiva y en la atención diferencial, la seguridad ciudadana, la convivencia, y el gobierno transparente. Es de resaltar que en el eje estratégico de “CaliDA: prosperidad para todos” se entiende que la posibilidad de implementación de los otros componentes del Plan de Desarrollo, descansan en la posibilidad de ajustar la ciudad al “[…] marco de oportunidades y desafíos que plantea la economía global contemporánea. […] Es fundamental encuadrar esta visión dentro de la perspectiva de la ciudad-región y priorizar la tarea de fortalecer la alianza entre gobierno, empresa privada, academia y sociedad civil para catalizar la generación de oportunidades y prosperidad para todos” (PDC 2012:6-11).
Una de las grandes preocupaciones que se enuncia en este documento tiene que ver con las altas tasas de desempleo en la ciudad, la cual es casi una y media veces más alta que el promedio nacional, y entre los ocupados más de la mitad (53,7%) son informales, contra un 51,1% a nivel nacional. Así, mientras que la desocupación en las trece áreas más importantes de Colombia se redujo de 12.5% en el trimestre septiembre-noviembre de 2009 a 10,2%, en el mismo período de 2011, en Cali-Yumbo aumentó de 13,2% a 14,6%.
A pesar de que el Valle y Cali poseen una economía bastante diversificada, en la que los servicios representan, respectivamente, el 61% y el 77% del PIB, la estructura empresarial de Cali se caracteriza por la ausencia de grandes firmas que puedan liderar la economía regional. Se mantiene entonces, la tendencia al estancamiento de la estructura productiva regional descrita anteriormente.
En este contexto, la reactivación del ámbito productivo es uno de los desafíos más acuciantes de este Plan de Desarrollo. La opción municipal se inclina por enterrar definitivamente el modelo de Sustitución por Importaciones, pensado en la producción dirigida al abastecimiento doméstico regional; al tiempo que se orienta como prioridad la articulación de la ciudad-región con los mercados internacionales. A este respecto, vale la pena remarcar que dicho esfuerzo no se plantea solo en términos municipales, sino que se hace operativo en la idea de ciudad-región: “En el contexto actual, es fundamental concebir esta tarea desde la perspectiva de la ciudad-región, incorporando de manera particular a Buenaventura y la cuenca Pacífica del departamento del Valle, adhiriendo un enfoque diferencial que permita achicar las sensibles brechas en materia de capacidades, oportunidades e ingresos que aquejan a grupos vulnerables y marginados”. (PDC 2012:6-76).
De igual modo, se piensa que dicha restructuración productiva es realizable en la medida que se logre establecer una alianza entre gobierno, empresa privada, academia y sociedad civil; en el que la administración juegue el rol de articulador y promotor de las iniciativas que, seguramente, estarán a la cabeza del empresariado regional. También se establece como prioritario brindar un contexto propicio para convertirse en atractor del capital y la inversión internacional[16], teniendo en cuenta que la estructura empresarial de la ciudad-región está compuesta por pocas empresas grandes y un sector microempresario considerable; se plantea consolidar “[…] agrupamientos empresariales o Clústeres que permitan capitalizar economías de escala, facilitar la transferencia de mejores prácticas y conocimiento entre proveedores y clientes, y aprovechar enlaces productivos (“linkages”) y externalidades.” (PDC 2012:81).
Reiteradamente se señala la posición geográfica de Cali, su riqueza étnica y cultural, y su importancia dentro de la región pacifica colombiana como elementos a tener en cuenta en la internacionalización y proyección global de la ciudad. Una vez más, se menciona como solución avanzar en un proceso de conectividad de la ciudad-región con los municipios que la rodean; considerando con mayor claridad los limites y alcances de Cali en tanto ciudad-región:
“Cali y los siete municipios que la rodean (Buenaventura, Candelaria, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Palmira y Yumbo) conforman una ciudad-región con una potencialidad de desarrollo integral y diversificado singular, combinando en forma excepcional más de 3,2 millones de habitantes (el 7% del total nacional), un PIB cercano a los $40 billones de pesos (algo más del 7% del colombiano), puerto marítimo, dos docenas de instituciones de educación superior, una vibrante base industrial y de servicios, algunas de las mejores tierras del país y su “clúster” agro-industrial más sofisticado, y una oferta cultural de clase mundial, entre otros atributos.” PDC (2012:119).
El modelo de ciudad-región se viene implementando en la ciudad de Cali por medio de la firma de “Contratos Plan” con las 7 alcaldías aledañas a ésta, mencionadas líneas arriba. En este marco se viene avanzando en la identificación, priorización y gestión conjunta de un portafolio de proyectos de interés común a los municipios, partiendo de la idea que éste permitiría avanzar en la integración y desarrollo de un concepto de ciudad-región, que se implementaría en proyectos conjuntos cofinanciados por los distintos “planes de desarrollo” y el Estado, bajo la modalidad del llamado Contrato plan. Este último representa el desarrollo operativo de las Regiones Administrativas y de Planeación –RAP-, institucionalizadas en la Ley 1454 de Ordenamiento Territorial –LOT- sancionada en el 2011.
En un taller de socialización del proyecto Cali–ciudad-región realizado el 8 de Marzo del 2012 se presentó el cronograma de esta iniciativa, el cual coincide con el cronograma institucional de la administración pública nacional. En este proceso se presentaron los ejes estratégicos de inversión en proyectos que orientarían la construcción de contratos plan intermunicipales, los cuales son:
- · Seguridad (enfocada al reforzamiento de infraestructura administrativa, técnica y física);
- · Capital Humano (enfocada a la formación básica con atención en población vulnerable y excluida socioeconómicamente);
- · Medio ambiente (atención dirigida a la conservación y recuperación de ecosistemas vulnerables y potencialmente inestables);
- · Desarrollo productivo (expresado en tres ítems: minería, agroindustria e industrias culturales);
- · Infraestructura y conectividad (con un particular interés en conectividad terrestre y digital, electrificación y saneamiento básico);
- · Buen gobierno (concentración en el control de la gestión pública por la vía de su profesionalización).
En esta dirección se plantea seguir la ruta establecida por los órdenes nacionales invocando tanto La Visión Colombia 2032 como el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: “Prosperidad para todos”. De acuerdo con el PDC, en los dos documentos referidos se reconoce lo que ya se había afirmado de manera explícita el Plan Regional de Competitividad del Valle: “Es en las regiones, no en los países, donde se presenta la posibilidad de romper la inercia y cambiar de ruta el desarrollo económico y social. Le corresponde al gobierno central crear una macroeconomía estable y dar las señales correctas, pero la iniciativa creadora, el encuentro de visiones y esfuerzos y el logro de resultados en términos de calidad de vida, se ven en las regiones” (PDC 2012:121). Este marco conceptual ha constituido recientes reformas trascendentales del Gobierno Nacional como la Ley de Regalías y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que disponen de recursos y herramientas (ej. Fondos de inversión, Contratos Plan) para fomentar la integración y el desarrollo socio-económico a nivel regional.
2.3 VILLAVICENCIO: Una ciudad de frontera provisoria, entre la ausencia de planificación, el narcotráfico y el conflicto armado
Un importante fenómeno reciente del proceso de urbanización en Colombia es el crecimiento significativo de centros intermedios, que conforman las redes urbanas regionales de apoyo a importantes áreas productivas como la agroindustria y las actividades de exportación, contrarrestando, al menos parcialmente, el aumento de la primacía de Bogotá y las grandes ciudades. En este sentido, se destacan los casos de ciudades como Sincelejo, Valledupar, Ibagué, Florencia, Villavicencio y Buenaventura, entre otras (Grupo de Gestión Urbana – Ministerio Medio Ambiente 2002.:12).
La población de Villavicencio era de 91.559 habitantes mientras en el resto del departamento vivían 151.905 personas de acuerdo con el censo de 1973. Doce años después, según el censo de 1985, se duplicó la población del Meta, hasta alcanzar 474.046 habitantes, de los cuales 191.000 viven en Villavicencio. Al departamento inmigraron de otras regiones poco menos de los habitantes de las zonas urbanas, aunque aumentó de 57.9% los nacidos en el Meta en 1973 a 58.5% en 1997 (DNP 1997:147-148). En los 12 años ocurridos en 1993–2005, la población casi se ha duplicado según la proyección y cada año aumenta la población urbana, que a 2005 representa el 93.72% contra el 6.28% que representa la población rural, lo que implica un aumento en la densidad poblacional en la zona urbana, y de allí se derivarían los problemas de hacinamiento en la vivienda, trancones vehiculares y desempleo, entre otros. Dentro de lo cual, la problemática urbana adquiere una importancia y una dimensión similar a la que tuvo la zona rural durante las seis primeras décadas del siglo XX, cuando la mayoría de la población en Villavicencio residía en áreas rurales (Alcaldía de Villavicencio 2010).
En el año 2005 se realizó el Censo Poblacional por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el cual arrojó una cifra de 380.328 habitantes en total. De otro lado, si bien las tasas de crecimiento poblacional y de natalidad muestran un descenso año tras año, el aumento de la población de Villavicencio se da en términos absolutos, lo que quiere decir que a los nacidos en la capital del Meta, se le suman personas quienes han llegado de otros municipios y regiones del país[17]. Estas cifras sitúan a Villavicencio en la categoría de ciudades intermedias de Colombia equiparándola, como veremos más adelante, en tamaño y estructura productiva con otras ciudades como Valledupar, Ibagué y Santa Marta.
Es de considerar que a las mejores condiciones de la autopista Bogotá–Villavicencio se atribuye gran parte del crecimiento de la población; la vía sigue siendo el único medio de comunicación que conecta a los Llanos con el altiplano. De acuerdo con Jane Rausch (2011:158)[18]: “la utilizan 57% del comercio y 60% de los pasajeros que se desplazan entre las dos regiones. En promedio 3500 vehículos transitan diariamente por la carretera, no obstante que con frecuencia se entremezclan los derrumbes, la violencia y otros infortunios para demorar o bloquear el tráfico por completo. En los años de 1990, la carretera fue el medio a través del cual mensualmente llegaron a la capital del país 20.000 cabezas de ganado proveniente de los Llanos, junto con 270.000 toneladas de arroz trillado y 40.000 toneladas de aceite de palma”.
Históricamente las presiones económicas y sociales, en particular la Violencia y la concentración de la tierra, en el altiplano colombiano fueron las razones primarias que impulsaron la afluencia de inmigrantes al Meta. El grueso de los emigrantes del altiplano lo conformaron campesinos sin tierra, desplazados por los paupérrimos ingresos que percibían en los minifundios u obligados a huir de sus hogares por causa de la Violencia (IGAC 1986: 24-26).
De otro lado, en el análisis de las tendencias de la colonización algunos académicos dividen al Meta en tres regiones: i) la zona del piedemonte (Llanos arriba) que abarca a Villavicencio, la mayor parte de los centros urbanos y el grueso de los nuevos inmigrantes; ii) la región de Llanos Abajo, la cual comprende las sabanas y las selvas, donde la población está más dispersa; y iii) trece resguardos indígenas Guahibo, localizados en la zona oriental de los municipios de Puerto Gaitán, Puerto Lleras y San Martín (Ibid.:69-74).
Otro aspecto a considerar es que, si bien la llegada del narcotráfico a la región se puede rastrear a partir de la cantidad de cultivos de marihuana en los 70s, sus efectos en la sociedad llanera se hicieron sentir a partir de la introducción del cultivo de coca en la década de los 80s, cuando los carteles de la droga transfieren la tecnología necesaria para el procesamiento y refinación necesarios de la planta para obtener cocaína, a la vez que la guerrilla de las FARC garantizaban el orden interno y cobraban un impuesto a los cultivadores y a los compradores. De acuerdo con Baquero Nariño (1990:128-132)[19], pronto surgió el eje de la droga: Villavicencio – Granada – San José del Guaviare – Vista Hermosa – Villavicencio, aunado al aumento apreciable de los ingresos en los años siguientes. Fueron muchas las haciendas ganaderas que se establecieron con el dinero de las inversiones en el negocio de la droga, mientras que la acumulación del capital tenía consecuencias en todos los municipios de la región. Para Baquero (Ibid.:132): “… durante los diez años de la economía de la cocaína se transformaron ciudades y prosperaron a un ritmo más veloz que en los anteriores cincuenta años de una economía basada en la extracción de productos agrícolas para la exportación”.
En opinión de Jane Rausch, Villavicencio ha crecido con mayor rapidez que cualquier otra ciudad colombiana entre 1973 y el día de hoy:
“Comenzando con la afluencia del dinero de la droga: desde la marihuana hasta la cocaína, los urbanizadores de Bogotá y otros lugares comenzaron a construir en la ciudad nuevos barrios residenciales, con edificios con estilos más modernos para albergar a la creciente población. Pronto, al zinc y al barro los remplazaron nuevos materiales, como el bloque, el ladrillo, el cemento y las tejas de Eternit, y la pintura remplazó a la rústica cal. Las cocinas se hicieron más funcionales, y más higiénicos los servicios sanitarios. Las viviendas de los barrios más acomodados eran más cómodas, agradables y costosas. Los pobres, entretanto, que carecían de títulos a la tierra y no pagaban impuestos, invadieron las zonas más deleznables de Villavicencio, construyendo tugurios similares a los existentes en las ciudades colombianas del altiplano. (Rausch 2011: 173 – 174).
Quizás todavía más importante es que, poco a poco las élites tradicionales cedieron el espacio a una nueva clase burguesa emergente que cada día adquiría más dinero, poder e influencia sobre la economía y la gobernabilidad de la ciudad. Es esta transformación:
“[…] la que desde 1973 ha convertido a Villavicencio en la víctima de la falta de una auténtica clase dirigente que comprenda las urgencias del diseño de su espacio para evitar la continuación del privilegio que invocan los grupos de presión para zonas específicas en detrimento de otras. En consecuencia la ciudad ha crecido sin control ni orden. Los parques han quedado sepultados bajo el cemento. Se han destruido las casas históricas de las grandes haciendas, construidas a comienzos del siglo XX, mientras quedan al abandono las zonas de recreación. […] La ciudad es víctima del canibalismo de sus calles, abundando los ejemplos del asalto frontal de los ciudadanos sobre las vías públicas. Contratistas privados o instituciones públicas construyen los nuevos barrios sobre suelos sin drenaje adecuado. Las basuras y la cascarilla del arroz sofocan la ciudad y sus alrededores. Es absoluto el fracaso del municipio para suministrar fuentes adecuadas de agua purificada y, para citar apenas un ejemplo de pésima administración, un año después de la inauguración en 1989 del acueducto, éste ya era insuficiente.” (Baquero 1990.:32).
La investigadora Gloria Evelyn Martínez planteó desde 1992, que Villavicencio se parecía a cualquier otra ciudad intermedia en Colombia como Valledupar, Ibagué y Santa Marta, en cuanto que el acelerado crecimiento demográfico se aunaba con escaso desarrollo industrial. Situación que se traduce en marginalidad, urbanización descontrolada y otras distorsiones, como el desempleo excesivo y la insuficiencia en la prestación de servicios públicos básicos, como agua, electricidad y alcantarillado, para satisfacer las necesidades de la población en expansión. Esta autora observaba que en comparación con Bogotá, Medellín y Barranquilla, donde el 20% de la población trabaja en el sector de la manufactura, apenas 6.8% de la población de Villavicencio hacía lo mismo y la mayoría para pequeñas empresas, no para las grandes industrias. (Citado por Rausch 2011.:175).
2.3.1 Villavicencio una planeación fundada en la seguridad para el progreso
El Plan de Desarrollo Municipal de Villavicencio (PDV) para el periodo comprendido entre el 2012-2015, se plantea como objetivo principal la seguridad y el ordenamiento del territorio, buscando priorizar la inversión social con el fin de recuperar la confianza de la comunidad en sus instituciones.
Es de considerar que la ubicación estratégica de esta ciudad como puerta a los recursos naturales de la planicie llanera en dirección del eje andino de transformación, comercialización y circulación de materias primas, se ve obstaculizado por la situación de orden público. Este es el punto de partida para plantear la “seguridad” como objetivo central de esta propuesta de administración municipal:
“La seguridad ciudadana es un elemento indispensable para sentar bases de confianza y construir familia, empresa e identidad. Por tal motivo en esta administración se combinarán diversas estrategias de seguridad fortaleciendo la fuerza pública para que potencie su capacidad de reacción frente a la delincuencia, inteligencia, asistencia militar, infraestructura, equipos y tecnología, todo con la participación activa de la comunidad” (PDV 2012:1).
A través del PDV, además del fortalecimiento del pie de fuerza y de la presencia policiva, vale la pena remarcar la intención de articular la idea de seguridad con la de participación ciudadana por medio de espacios de vigilancia comunitarios, como las Juntas de Acción Comunal –JAL-. Dicha estrategia que se encuentra sustentada en el componente de participación ciudadana etiquetado bajo el sugerente apelativo de “sin miedo a la participación”, avizora la creación e implementación de un programa operativo de las organizaciones de acción comunal durante el cuatrienio (PDV 2012:19). El tema de la seguridad y el miedo parecen omnipresentes en el Plan de Desarrollo, al punto que diferentes estrategias y componentes del mismo dependen, desde el punto de vista municipal, de la exitosa implementación del plan de seguridad regional; afirmación que se encuentra sustentada en la presencia de la seguridad y el miedo en temas tan diversos como la estrategia turística llamada “turismo sin miedo”, la estrategia educativa bautizada “sin miedo a aprender”, y la de participación ciudadana llamada “sin miedo a la participación”.
Además, el tema del desarrollo productivo se aborda por medio de la promoción de un espíritu empresarial micro-empresario, el cual se impulsará por medio de foros, cátedras de emprendimiento y el apoyo a la creación de Mypimes. La articulación entre el campo y la ciudad es un punto importante de la presente propuesta, se piensa aprovechar la potencialidad de Villavicencio en tanto área urbana de entronque entre la altillanura y el resto del país; por lo cual se apoyará la investigación agrícola, el acompañamiento técnico agropecuario y el apoyo a la implementación de mercados campesinos. Bajo estas prerrogativas cobra suma importancia aumentar y mantener la conectividad vial y aérea, en la medida que el turismo, el intercambio agropecuario y la internacionalización productiva dependen, desde este punto de vista, de la ampliación de la infraestructura de las comunicaciones.
De igual modo, se destaca en el componente de vivienda y de servicios públicos domiciliarios el interés por crear vivienda de interés social (3.000 viviendas), la legalización de la tierra en por lo menos 3 asentamientos subnormales, 320 predios privados y 450 predios fiscales en las áreas urbanas, rurales y sub-urbanas; así como diferentes programas destinados a aumentar el cubrimiento del alcantarillado, la gestión sobre el recurso hídrico y la ampliación de las redes de energía en el ámbito urbano y rural.
2.3.2 Desafíos de Villavicencio, en tanto ciudad Intermedia
El entorno en el que se desarrolla Villavicencio está compuesto por una territorialidad compleja y desigualmente desarrollada; dependiente de vectores que como el conflicto armado, el narcotráfico, la degradación ambiental, la ausencia de planificación y el despojo reiterado de los sectores más vulnerables, vulneran un ejercicio de gobierno incluyente y democrático.
En opinión del Observatorio del Territorio: Conflicto, Desarrollo, Paz y Derechos Humanos de la Universidad de los Llanos (2012.:1)[20], en la región se observa un nivel alto de descentralización de las decisiones administrativas, lo que se traduce en que las políticas públicas de desarrollo y paz sean no sólo incipientes, sin una perspectiva de articulación regional; pero aún más preocupante -como observamos en el Plan de Desarrollo Municipal de Villavicencio-, es que se observa un claro enfoque hacia la seguridad, más que en la convivencia o en la participación ciudadana en la construcción de un modelo de desarrollo que afecte la inequidad social fuertemente anclada en las últimas décadas.
Así pues, el énfasis en la seguridad y la introducción de los civiles en las dinámicas del conflicto armado que enuncia el Plan de Desarrollo Municipal (2012-2015), es altamente preocupante ya que de acuerdo con el Observatorio del Territorio: Conflicto, Desarrollo Paz y Derechos Humanos de la Universidad de los Llanos (2012: 2-3), el conflicto en el departamento del Meta muestra cifras preocupantes en cuanto a su impacto sobre la sociedad civil. Por ejemplo, entre 1997 y 2011 se presentaron 130.274 personas desplazadas en el departamento; entre 2006 y 2010 se registró una tasa promedio de 78 homicidios por cada cien mil habitantes, cifra muy superior al promedio de la tasa nacional que fue de 37. En relación a la violencia intrafamiliar, entendida como aquella acción u omisión que pueda generar lesión física o psicológica desde los victimarios a cualquier persona del grupo familiar, en el Meta entre 2006 y 2010 se han presentado en promedio una tasa de 269 casos por cada cien mil habitantes, mientras que la cifra nacional alcanza una tasa de 208 casos.
Por otra parte, de acuerdo con este mismo estudio del Observatorio del Territorio, “[…] en el departamento de las 2.934 muertes totales en combate que se registraron entre 1998 y 2009, el 19% correspondió a muertes de civiles, el 51% a muertes guerrilleras, el 8% a fuerzas paras o neoparamilitares y el 18% a fuerzas estatales, lo que evidencia el fuerte conflicto que se registra y afecta a la sociedad civil” (2012.:3). Lo que es más grave para esta situación, contrario a los análisis que justifican la inversión en seguridad del actual Plan Municipal de Desarrollo (2012-2015), es que el conflicto que se desarrolla en el Meta, “[…] con todos sus actos violentos no giran en torno a una sola polarización, claramente definida, es decir, el ejercicio de la violencia no gira en torno a un eje especifico de conflicto, sea este de tipo económico, social, político, étnico, o cultural, sino que sus contradicciones se producen en torno a varias dinámicas y procesos históricos totalmente diferentes, toda vez que, se refleja en identidades más variables que producen cambios frecuentes en la disputa y el control de territorios por los diferentes actores armados” (Ibid.)
En consecuencia, el modelo de ciudad que se implementa en Villavicencio evidencia la ausencia o debilidad de las instituciones y de las políticas de Estado, una baja capacidad de liderazgo ciudadana y de sus servidores públicos, así como el enraizamiento de dinámicas de corrupción, impunidad, clientelismo y control social prácticamente inexistente. Una consecuencia inevitable de este conjunto de dinámicas identificadas, es que la toma de decisiones en la formulación y mejoramiento de las políticas públicas parece hacerse con base en información poco desarrollada y accesible, sustentada en fuentes desarticuladas unas de otras, en las cuales es clara la ausencia de la participación de los actores sociales existentes en la ciudad.
Se puede concluir que el problema del modelo de ciudad implementado en Villavicencio es estructural, y se fundamenta en dos aspectos mutuamente interrelacionados: De un lado, en el fortalecimiento organizativo del aparato estatal; y de otra parte, en el desarrollo de una planificación que asuma el reto que le impone a Villavicencio constituirse como una ciudad de frontera provisoria hacia el oriente del país.
Fortalecimiento de las capacidades de una gobernabilidad participativa:
En cuanto al primer aspecto, la necesidad de un proceso de fortalecimiento estatal se ve reflejado en la ausencia de procesos sistemáticos de observación y actuación en las dinámicas sociales, productivas y políticas del territorio que le permitan tanto al gobierno público, como al sector privado y al tejido social optimizar y coordinar sus iniciativas de desarrollo, paz y planificación urbana, bajo criterios más inclusivos y participativos. A este respecto, los retos podrían sintetizarse en sociales, productivos y políticos.
En lo social es necesario que la administración gubernamental local abandere e incida en el auto-reconocimiento de la identidad regional llanera y en la potenciación de las organizaciones sociales de base, al igual que en el fortalecimiento de las instituciones deslegitimadas por la corrupción y la ingobernabilidad. En lo productivo, el reto está en potenciar la transición de las economías ilícitas a una economía formal.
Mientras que en lo político, se debe visibilizar la construcción y fortalecimiento de las iniciativas de paz, resaltando el empoderamiento social y de los procesos de democratización local. Del mismo modo, es menester hacerle seguimiento a la situación de derechos humanos y, de manera paralela, se debe avanzar en la construcción de instancias interinstitucionales de refuerzo mutuo entre los diferentes organismos de gobierno local y de estas iniciativas públicas de la mano con el sector privado en la región.
Villavicencio como una ciudad de frontera provisoria hacia el oriente del país:
En 2003, García Bustamante propone que la región de los llanos per se contenía dos fronteras diferentes. La región del piedemonte es una frontera provisoria, caracterizada por interacciones constantes con el altiplano y donde los asentamientos dependían de Bogotá en comercio, inversiones y servicios. Por otra parte, las llanuras al oriente y al norte del piedemonte o los Llanos abajo, continuaron como una frontera permanente, donde el desarrollo avanza a un ritmo más lento[21].
Villavicencio como epicentro de la frontera provisoria es ciudad de frontera desde el altiplano hacia el oriente del país y viceversa, porque así como recibe el flujo constante de inmigrantes de los departamentos del altiplano colombiano, sigue siendo la terminal occidental para el tránsito del ganado, que llega desde las llanuras del norte y del oriente lejano del Casanare y Arauca para su posterior venta en Bogotá. Desde su fundación, Villavicencio es la mezcla de dos culturas particulares. Los primeros habitantes que llegaron antes de 1940 emigraron del oriente de Cundinamarca y del Tolima principalmente, llevando consigo la forma de vida del altiplano, mientras la afluencia de los vaqueros que arreaban los ganados desde el oriente o Llanos Abajo, dejó en su estela elementos de la cultura llanera como la música, el folclor y la gastronomía. Debido a esta amalgama de culturas originarias de varios departamentos del altiplano y de las profundidades llaneras, el carácter de Villavicencio coincide con aquellas que se presentan en las ciudades de frontera en las que su cultura se encuentra en proceso de hibridación permanente (Espinel 1997:201)[22].
De acuerdo con (2011:186), en los años por venir, los dirigentes locales deben formular políticas con dos objetivos: i) preparar el territorio para una nueva oleada de colonización que comenzará a llegar con la apertura de la Carretera Marginal de la Selva; ii) alentar una base sólida de identidad cultural afincada en la historia de los Llanos con el fin de prepararse para el arribo de personas de otras regiones. En este sentido, llama la atención tanto de Baquero (1990) como de Rausch (2011) el poco apoyo a la promoción de la cultura llanera o del sentido de pertenencia por su ciudad de los villavicenses. En opinión de Baquero, la desidia de los pobladores de esta ciudad por la cultura es producto de la implementación de un tipo de capitalismo salvaje, el cual margina el desarrollo de las manifestaciones simbólicas donde no tiene un valor comercial evidente:
“Villavicencio y toda la zona de influencia tienen una enorme posibilidad de mejoramiento si se decide a implementar estrategias que motiven y desarrollen a la comunidad y apoyen sus iniciativas en los campos de la cultura, la recreación, la participación, en las juntas de servicios y en comunas, el deporte y la educación física. En esta forma el efecto demostración podrá transformar sus connotaciones actuales en las que el hombre y la sociedad son meros instrumentos para la obtención de fines materiales exclusivamente.” (Baquero 1990:152).
2.4 SAN ANDRES ISLA: La espacialización de la diferencia multicultural
El siguiente apartado sobre el caso de la isla de San Andres, se realiza retomando el juicioso y extendido trabajo de la antropóloga Inge Helena Valencia.
Con respecto a los trabajos de Inge Helena Valencia, vale la pena subrayar: Conflictos interétnicos en el Caribe Insular Colombiano (2015); Impactos del reconocimiento multicultural en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: entre la etnización y el conflicto social (2011). En especial, se utilizo, su tesis doctoral: “Reconstruction identitaire des populations noires transfrontalières : coexistence et conflits dans la Caraïbe insulaire Colombienne” (2013).
Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son las principales del Archipiélago que pertenece a Colombia, ubicado en las inmediaciones de la región del Caribe occidental, a 1000 Km de la Costa Norte Caribe Colombiana y a 220 Km de la Costa Caribe Centroamericana. Estas islas oceánicas comprenden una extensión de 44Km² de territorio emergido incluyendo los bancos y cayos: Roncador, Serrana, Bolívar y Quitasueño, rodeadas por una gran extensión marina que dispone de 1614 Km de zona económica exclusiva, sumando una extensión total del territorio de 350000 km (Areiza, 2009:23).
El vivir en una isla, un lugar lejano y aislado del centro político del Estado hace que la conciencia de pertenencia al territorio se construya en función de conexiones distintas, de territorialidades diaspóricas que van y vienen, manteniendo por lo general una pertenencia en la que por más que se está afuera nunca se termina del todo. Esta pertenencia liminar a medio camino entre un deseo intenso de pertenencia y las articulaciones siempre presentes con un afuera que no termina de definirse, no necesariamente se refiere a los límites impuestos por el Estado nacional.
Esta situación más conocida como insularidad, hace que la configuración territorial se marque de una manera particular, donde entran a jugar un papel muy importante el sentido de pertenencia, la capacidad de migración y la relación con el mar. En el caso particular del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, veremos que los procesos de territorialidad han contribuido a establecer ciertas diferencias entre isleños-raizales y pañas-continentales. En este capítulo abordaremos la manera en que se ha configurado el territorio en la isla, para dar lugar a territorialidades diferenciadas según las formas de apropiación de cada grupo, con el fin de comprender cómo en el transcurso de los años, los procesos de encuentro e intercambio entre diferentes poblaciones han producido una espacialización de la diferencia al interior del territorio insular.
Para el caso particular del Archipiélago, el antropólogo Peter Wilson en 1973 afirmaba que la gente isleña tenía un muy intenso sentido de pertenencia a la tierra ligado a su fuerte sentido de independencia; rasgo, al parecer, común con otras islas del Caribe (Haití y Jamaica, por solo citar los casos más conocidos). Wilson sugería que el estudio de las bases de esta independencia e insularidad podría permitir un mayor entendimiento de las sociedades caribeñas, y que la noción de insularidad podría ser útil para explicar otras dimensiones de la vida social:
“Todas las gentes isleñas, teniendo una clara visión de sus fronteras físicas, manifiestan lo que para los continentales aparece como rasgos de inconformismo: los británicos, en su isla, son obstinados e incomprensibles para sus pares europeos, por ejemplo. Parece como si ciertas generalizaciones sobre la insularidad fueran atribuibles no a la idiosincrasia de la historia o a las peculiaridades de la moral sino al hecho físico de vivir en una isla. La isla no sólo define sino que también sirve como el símbolo de las cualidades que genera” (Wilson, 1995:43). Por lo tanto la insularidad no es sólo una condición geográfica, ésta aumenta la conciencia de pertenencia al territorio, y se convierte en un aspecto importante a tener en cuenta, ya que define las relaciones sociales, políticas y económicas en las islas. La geógrafa Beatte Ratter (2001) plantea que algunos de los factores que definen la insularidad son la pequeñez, el aislamiento y la previsibilidad de este sistema social.
En el caso de San Andrés, la insularidad orienta una estructuración dispersa del territorio, en función de lugares que responden a los usos y apropiaciones de sus pobladores. San Andrés y Providencia fueron pobladas a lo largo de caminos discontinuos que formaron un modo de ocupación propia de muchas islas del Caribe; este patrón de poblamiento fue diferente a la ciudad compacta de origen español. Para el caso de la isla de San Andrés, después de la declaratoria de Puerto Libre la expansión comercial demandó el aprovechamiento de sectores geográficos bien ubicados, provocando la venta masiva de tierras y la reducción de la actividad económica agrícola y pesquera. La distribución territorial que conocemos del San Andrés de hoy, es fruto de este proceso de integración y modernización vivido hace cincuenta años.
2.4.1 Territorialidad isleña: el patio y la cohabitación dispersa
Sound Bay, el último barrio de San Luis, es uno de los llamados barrios tradicionales isleño-raizales ubicado al sur oriente de la isla de San Andrés. Como asentamiento isleño por excelencia, Sound Bay es un barrio donde la mayoría de los pobladores viven del trabajo en la agricultura, la pesca y las actividades del día a día como la venta de frutas o pescado. Es un barrio en el que la raza y la clase se articulan para hacer de éste un asentamiento raizal y negro.
Mercedes Vélez (2006:34), recalca que el modo de heredar y traspasar la tierra entre la gente isleña-raizal, reuniéndose alrededor de los patios con un patrón disperso tuvo su origen en la repartición de terrenos a la población de esclavizados libertos. En esta época, todos los habitantes vivían en su propiedad y no existía ningún centro o poblado organizado; este patrón permitió estrechar relaciones entre familias, y desdibujar la dicotomía campo-ciudad que marcó el ordenamiento territorial de las ciudades continentales. Los patios pueden definirse como porciones de tierra donde un grupo familiar se organiza a partir de una vivienda principal, que suele ser del padre o de la madre, de los que los hijos reciben tierra en el momento en que deciden organizarse y construir su propia vivienda. Cada vivienda determina una unidad doméstica, pero debido a una dinámica propia de comunicación e interacción, el patio define el grupo familiar (Erazo 2009:36).
Además del patrón de dispersión, otro elemento que marca la territorialidad isleña es la representación del valor de la tierra. De acuerdo con Peter Wilson (2004:71), la tierra representa para un isleño-raizal más que un recurso económico y de subsistencia; existe un vínculo afectivo con ésta, y con la propiedad que confirma la autoctonía y la pertenencia a la sociedad. Así que poseer un pedazo de tierra es visto como un derecho de nacimiento que debe ser asegurado por los padres, en tanto que el heredar tierra, asegura también una fuente de ingresos y la aceptación por la comunidad.
En las islas dicha posesión se heredaba o traspasaba, proceso que en el Caribe se ha llamado “la tierra de familia”. Es decir, la tierra que es desmontada o cercada por un ancestro y designada explícitamente por él para el uso exclusivo de sus descendientes, que en el contexto caribeño incluye la tierra que fue concedida a los esclavos emancipados (Wilson, 2004:83; Christine Chivallon, 2004:142). Así también, Mintz y Price (1976) plantearon que este tipo de apropiación del espacio crea una auto afirmación del grupo por medio de la herencia; tal que, la propiedad de la tierra asegura la pervivencia del grupo familiar e instaura una continuidad que trasciende el carácter efímero de la existencia individual.
En este contexto, la posesión de tierra afirma la pertenencia a la isla y por lo tanto, durante mucho tiempo existió una clara oposición entre los isleños a su venta a extranjeros o a colombianos continentales, tal como lo señaló Wilson para el caso de la isla de Providencia. Este autor, retomando al geógrafo David Lowenthal, plantea que la gente en el Caribe tiene una relación muy estrecha con la tierra, y para Lowenthal “[…] la tierra connota libertad, un sentimiento de apego profundamente arraigado, seguridad contra vicisitudes económicas, solidaridad de la comunidad y prestigio individual” (1961:1; en 2004:71). Según Wilson, la venta de tierra siempre fue desaprobada por la mayoría de isleños, quienes argumentaban que la adquisición de terrenos por parte de “forasteros” les impediría acceder a su propia tierra. Además, la posesión de la tierra fue la expresión más tangible de la libertad de la esclavitud; tener un pedazo de tierra significaba, en ese entonces, la adquisición de la autonomía, que no únicamente liberaba al individuo, sino que por extensión significaba la independencia de un pueblo (Wilson, 2004:95).
Aun hoy, debido a su importancia, la tierra entre los isleños-raizales se hereda y traspasa, y en muy contadas excepciones se vende. Son los padres quienes dividen los terrenos entre sus hijos, y éstos a su vez la dividen entre sus hijos para asegurar la continuidad de las familias y la posesión sobre el territorio. Como la tierra hasta la llegada del Puerto Libre no tenía valor comercial, era más importante guardar su posesión que la realización de actividades destinadas a hacerla producir.
Pero la tierra que hasta antes del Puerto Libre no tenía valor comercial, comienza a ser vendida a finales de los setentas y los isleños-raizales comienzan a perderla de muy distintas maneras. Muchos mayores de las islas dicen que San Andrés cambió con la llegada de personas de afuera, quienes fueron comprando muchos terrenos. Hasta ese momento la tierra en la isla se heredaba o se le traspasaba a otros, a través de acuerdos o préstamos por personas que necesitaban un terreno para cultivar o hacer su casa. “En la isla la propiedad de la tierra era un factor de prestigio, no existían las ventas, ni los arrendamientos, sino que las propiedades se cedían bajo palabra” (Ruiz 1988:68). Pero cuando llegaron los cambios impulsados por el Puerto Libre, la compra de tierras por parte de extranjeros se convirtió en algo común, y la tierra se convirtió en mercancía. Otros tantos adquirían deudas para insertarse en actividades comerciales, y cuando no podían pagar en dinero o los negocios caían, no había otro recurso que pagar con su tierra.
En esta medida, la irrupción de actividades comerciales significó que algunas personas dejaran de cultivar para dedicarse al comercio, y que otras al no tener cómo sostenerse comenzaran a vender sus terrenos. Al comienzo los almacenes se abrían en casas de isleños. Paralelamente, un nutrido número de familias isleñas comenzaron a comprar tierras con el objetivo de arrendarlas o venderlas directamente a las cadenas hoteleras nacionales, que deseaban construir en complejos para atender el turismo comercial que comenzaba a perfilarse: “Con la llegada del Puerto Libre, que trajo consigo una fortísima inyección de capital foráneo, algunas de estas familias isleñas utilizan su primacía legal en los negocios de finca raíz para obtener el mayor provecho. Los conflictos dentro y entre familias por la posesión de tierras son numerosos, peleas entre hermanos, envenenamientos y asesinatos marcan el final de la década de los cincuenta y casi toda la década de 1960” (Charry 2008:67).
Como algunos mayores isleños de Sound Bay lo recuerdan, cuando comenzaron a llegar políticos y extranjeros mucha gente fue engañada, se firmaban documentos donde se vendía o permutaba la tierra y como había muchas personas que no hablaban español, no entendían los procedimientos administrativos realizados por funcionarios, en su gran mayoría, continentales hispanófonos. Debido a esta situación, los colombianos continentales asentados en el Archipiélago –sobre todo los provenientes de la Costa Caribe- empezaron a ser percibidos como invasores, quienes implantaron en la isla una forma particular de ver el mundo, una música, lengua, costumbres y manejo del espacio diferentes a los realizados por los isleños raizales.
2.4.2 Territorialidad Paña: Los barrios y la cohabitación conglomerada
Después de caminar una buena media hora desde la vía de La Loma y estar de cara al occidente de la isla, con la pista del aeropuerto al lado, se encuentra Ciudad Paraíso. Este barrio queda localizado cerca a las antiguas canteras, es decir, al noroccidente de la isla. Es un barrio relativamente pequeño, con 25 viviendas y 120 habitantes aproximadamente; es uno de esos sitios desconocidos para el San Andrés turístico, ya que el poblamiento de migrantes continentales se hizo al margen de la vocación turística y comercial de la isla. Si se recorren las vías paralelas al aeropuerto, rutas que el turismo desconoce como Back Road, es posible vislumbrar barrios como Tablitas, las Natanyas, Canteras, el Cliff o Morris Landing. La gran mayoría de estos barrios fueron construidos a partir de la fuerza de los migrantes continentales, con el objetivo de ofrecer alternativas de vivienda a las personas que llegaron desde mediados del siglo XX a la isla.
Los orígenes de Ciudad Paraíso se remontan a 1991, con la constitución jurídica de la Junta de Acción Comunal como espacio organizativo, donde varias familias se juntaron con el objetivo de poder acceder a tierras y poder tener una vivienda propia. A mediados de ese mismo año, ya con el nombre asignado a la Junta, se adelantaron los procesos para la futura compra de un lote para iniciar la construcción del barrio. Así fue elegido el lote del sector el Sambo, en La Loma, el cual fue comprado al isleño-raizal Rafael Whytacker Thyme por el valor de 9 millones de pesos. En el año de 1995 se otorgó la licencia para la construcción y se inició la construcción del barrio a partir de colectas y mingas de trabajo para terminar 25 casas (González 2002:18). Todo este transcurso de construcción, que duró casi 20 años, ilustra muy bien el proceso de poblamiento que la isla tiene a partir de la llegada de colombianos continentales.
Paulatinamente con la llegada progresiva de personas, la creación de asentamientos e infraestructura, se urbanizó el sector norte. Primero, se produjo un aumento masivo de la población que se concentró allí; posteriormente, se transformaron los asentamientos con el fin de construir la infraestructura necesaria para el turismo, el comercio y la administración. Es allí en el norte de la isla donde se ubicaron la gran mayoría de almacenes, los edificios administrativos, los hoteles más importantes y la gran mayoría de barrios de continentales.
Frente a la necesidad de vivienda para los migrantes continentales se crean las juntas de acción comunal como una agrupación de ellos mismos al llegar a la isla. A comienzos de la década de 1970, se fundaron las primeras para plantear una solución de vivienda, que contaría con el apoyo de instituciones estatales como el Instituto de Crédito Territorial (ICT), el Fondo Intendencial para Préstamo de Vivienda Isleña (FIPVI), que se convirtió en el (FODEPVI), o los préstamos realizados por Banco Central Hipotecario (BCH), y el INURBE. La acción comunal se inicia con la construcción del barrio Obrero y del barrio Modelo (Canteras), junto al sector de las Natanyas, el Cocal, Back Road, y School House.
Tiempo después, el poblamiento continental avanza con la construcción de otros barrios como Tablitas, Morris Landing y Ciudad Paraíso, todos de estratos populares. También en este momento se consolidan otros asentamientos como el Cliff, El Platanal, La Jaiva, Rock Hole, ubicados en el corazón de North End, ubicándose así, entre el comercio y el turismo; el cual en esta zona se desarrolla por medio del arrendamiento de viviendas en las épocas de alta afluencia. De este modo, propietarios isleños-raizales arrendaban terrenos a los continentales, con la condición de prohibir la construcción de viviendas en materiales duraderos lo que, con el transcurso de los años, hizo que estos barrios siempre fueran señalados como marginales.
Con el paso de los años en el norte de la isla, en una zona pequeña, surgieron varios asentamientos que concentraron miles de personas continentales. El hecho de vivir en arrendamiento, o el que la gran mayoría de estos barrios estuvieran localizados en la zona norte de la isla, hizo que la conglomeración y el hacinamiento se volvieran rasgos característicos de estos asentamientos. Para María Margarita Ruiz (1988:70) el hacinamiento vivido por los pobladores continentales también reflejó la incapacidad estatal para satisfacer las demandas de vivienda, vías, infraestructura en salud y educación, lo que suscitó iniciativas de autoconstrucción emprendidas por los pobladores. Dichas iniciativas comunitarias, además, se construyeron bajo el relacionamiento y fortalecimiento de redes clientelares con políticos locales, que empezaron a mirar con atención el potencial electoral de los habitantes continentales en la isla.
Ahora bien, la crisis de los asentamientos tradicionales se produce en este momento, ya que los pobladores isleños-raizales ante los cambios y la irrupción continental que se da en el norte, comenzaron a replegarse hacia los sectores más aislados de la influencia turística y continental en San Luis y La Loma. La urbanización salvaje de la isla influyó claramente en la pérdida de tierras para los isleños-raizales, porque a medida que se aumentaba la construcción de vías o caminos, llegaban foráneos a comprar la tierra para asentarse. La apertura de caminos y el auge de la construcción produjo entonces grandes impactos; por ejemplo, cuando se abrieron vías como Pepper Hill y Orange Hill, lugares donde tradicionalmente habitaban isleños, éstas se transformaron en asentamientos donde los continentales comenzaron a construir sus casas y a llegar como mano de obra, para las nuevas construcciones y adecuamientos en infraestructura.
Por ende, los lugares de la isla cambiaron para adaptarse a la recepción de nuevos pobladores. Por ejemplo, en el litoral de la zona norte, con el apoyo del Instituto de Crédito Territorial, se construyeron viviendas en antiguos manglares que fueron secados para ganarle tierra al mar y hacer nuevos barrios como Los Almendros, la Sagrada Familia, el Bigt y el barrio Obrero, que en su mayoría albergaron a la población continental de clase media. Así que, no sólo se formaron barrios cerrados marcados por la identidad continental y la extracción popular, sino que al mismo tiempo se fueron delimitando lugares para la residencia de los sectores poblacionales más pudientes. A esta dinámica responde la construcción de lujosas mansiones en Sarie Bay y Punta Hansa que se convirtieron en los primeros barrios privados, de los propietarios de almacenes y hoteles, muchos de ellos propiedad de los antioqueños, caleños, sirios y libaneses; allí también han venido ubicándose nuevos edificios turísticos y exclusivas discotecas.
Contrario al poblamiento disperso isleño, los barrios de los pañas-continentales reproducen ordenamientos más aglomerados como en el continente, donde no existe una relación tan simbiótica con el medio ambiente y priman construcciones en cemento y materiales que se traen del continente, con miras a urbanizar el espacio y sus relaciones sociales. En estos barrios, la aglomeración de casas, personas, motos, se hace mucho más intensa que en otros lugares de la isla. A pesar de las condiciones de marginalidad en las que se construyeron estos barrios, su emergencia realizada a partir de las juntas de acción comunal y el apelar a las redes de solidaridad vecinal y al trabajo colectivo, suscitan un profundo sentimiento de pertenencia entre los migrantes continentales. Dicho sentimiento se despliega en dos direcciones: De un lado, hacia los barrios construidos por ellos mismos; y de otro, hacia la isla en la que ya se sienten residentes después de varios años de habitarla.
2.4.3 La espacialización de la diferencia multicultural
En una isla pequeña las relaciones sociales se viven en cercanía espacial, por lo que es común cruzarse con figuras de poder como el alcalde, el gobernador; además, es usual que grupos distintos pertenecientes a diferentes clases sociales coincidan en un mismo lugar. Pero así como la dimensión de lo insular permite mayores encuentros y confluencias, permite también que las diferencias con respecto a la manera de vivir el territorio se establezcan de manera más pronunciada. Así como hay lugares donde la gente paña y la raizal comparten, como los lugares del comercio, las playas y las discotecas; también es evidente la existencia de marcadores de diferencia, como el que ambos grupos se localicen en lugares distintos y tengan distintas maneras de comprender y establecer sus relaciones con la religión, la familia y, más allá, con la insularidad o las configuraciones territoriales.
Por un lado, para la población isleña su territorialidad está ligada a la idea de nacer en la isla, de pertenecer a una comunidad “nativa” donde el territorio es fruto de un complejo proceso histórico y genealógico, asociado a la esclavización y posterior libertad. La posesión de tierra reafirma la autoctonía del ser isleño-raizal, y es un carnet de entrada a una comunidad que posee derechos de posesión ancestral sobre las islas. Esta manera de construir la territorialidad, es visible en la importancia que tiene la posesión de tierra y su relación con la reafirmación de la identidad raizal. Así pues, es posible entender que aquellas personas que llegaron antes del Puerto Libre, y lograron hacerse a un pedazo de tierra a través del vínculo familiar establecido con personas nativas, pueden ser consideradas como parte de dicha “comunidad” y apelar a una ancestralidad construida, negociada o inventada.
Para los isleños-raizales la migración es tradicionalmente una etapa vital valorizante en el ciclo de vida personal, la cual se realiza con el objetivo de ampliar el capital social o el económico. Así, el migrar hace parte de los procesos de conformación de la territorialidad isleña y de la manera de establecer una relación con la isla; aunque la pertenencia a ésta se represente condicionada por el nacimiento en ella y el derecho consiguiente de heredar la tierra; considerando, además, que la migración de los autóctonos hacia afuera ensancha el territorio y mantiene el parentesco con las familias de ultramar. Para la gente isleña-raizal, la territorialidad se hace yendo y viniendo, ya que todos los isleños tienen derecho a la tierra independientemente de su lugar de residencia, en el sentido que como habitantes originarios se consideran dueños únicos de las islas, sin importar los cambios ocurridos por las políticas a nivel urbano o la existencia de una tercera generación de descendientes de migrantes continentales, ya nacida en la isla.
Por otro lado, para los pañas-continentales su modo de vivir el territorio sigue un modelo diferente. Así, es común escuchar a muchos de ellos decir: “[…] si ya llegamos hasta aquí, de aquí no nos sacan, aquí nos quedamos”; para ellos, si bien la isla ha representado un mejor lugar dónde vivir, el deseo de sedentaridad propio del continental establece una diferencia con la manera en que la gente isleña vive su territorialidad.
Si para los isleños la migración hace parte de la territorialidad, para la gente paña la territorialidad está mediada por un carácter de permanencia territorial, por lo que es recurrente que la migración no esté en el horizonte de vida. A ello podemos sumar una manera distinta de relacionarse con la tierra, no porque sea menos valorada o exista menos arraigo, sino porque existe una diferencia entre asociar la tierra a la liberad y la emancipación histórica; pues, los migrantes del continente que tuvieron que pagar por sus terrenos, han construido su territorialidad por medio de una transacción comercial o legal; pero al mismo tiempo, han debido apropiarla y significarla mediante el trabajo comunitario y un creciente contexto de diferenciación, que unas veces se reviste de discriminación por la vía del discurso étnico radical, mientras que otras veces toma la forma de fronteras de exclusión por medio de los operadores de clase social.
También hay diferencias en la manera de configurar los asentamientos, no de forma dispersa como lo hacen los isleños, sino desde una configuración más aglomerada, con una mayor influencia de los asentamientos que se dan en la Colombia continental. Así, las diferencias entre pañas-continentales e isleños-raizales no aparecen dadas sólo por un marcador étnico; en la construcción de la diferencia, la territorialidad ha jugado un papel preponderante. Mientras que para los isleños-raizales sus relaciones con el territorio y con el mar toleran e inducen una manifiesta tendencia a la migración; a la inversa, para la gente paña, el llegar a la isla significa arraigarse en el territorio de forma permanente y sedentaria.
De este modo, el problema de la propiedad de la tierra y de la división territorial en el Archipiélago se relaciona con las territorialidades de pañas-continentales e isleños-raizales, y con esta dialéctica de diferencia y cohabitación donde se comparten y encierran lugares mutuamente. Pero la territorialidad también implica disputas en cuanto a las formas de vida, y a cómo estas configuran las relaciones que se establecen entre los pobladores de origen isleño-continental, los pañas-continentales y la isla. Es visible entonces, cómo con relación a la apropiación de la tierra, se genera un conflicto entre los isleños-raizales quiénes se consideran herederos legítimos de la isla, y los pañas que llegan a ocupar el territorio apoyados o con la legitimidad estatal.
El conflicto por la tierra y por el acceso a recursos entre pobladores nativos y continentales se traduce en una confrontación que apela al discurso étnico, en aras de buscar la legitimidad de los reclamos sobre la posesión de la isla por parte de la población isleña-raizal. De esta manera, a partir del proceso de apropiación diferencial del espacio la población isleña-raizal se comenzó a oponer a los pañas-continentales (Ruiz 1988:72).
Es por medio del proceso de apropiación diferencial del espacio que el isleño-raizal comienza a apropiarse de un nuevo discurso cultural, que busca en la recuperación territorial el principal elemento de su reivindicación. El isleño-raizal al ir perdiendo el control sobre los medios de producción, la tierra, la producción pesquera y agrícola, acelera su proceso de diferenciación etnocéntrica como mecanismo de defensa; que por medio de la marcación étnica, buscará la manera de hibridarse con la estratificación de clase social según prestigio, profesión, color y poder económico que operan en las islas. Si anteriormente el prestigio para los isleños estaba dado por la propiedad de la tierra y el poder político y religioso, con la pérdida de la tierra comienzan a establecerse diferencias espaciales con los pañas-continentales, delineando sectores fuertemente diferenciados teniendo en cuenta la configuración de una frontera simbólica, en la que los pañas-continentales son vistos como los agentes invasivos y destructores de las formas de vida tradicionales de la gente isleña-raizal.
Estas condiciones estructurales que permiten comprender la génesis del conflicto entre ambas poblaciones, además de traducirse en una fuerte diferenciación al interior del espacio insular, también se relaciona con la manera en que operó el multiculturalismo en las islas. De otro lado, además de otorgar derechos a sólo una de las poblaciones del Archipiélago y restringir la movilidad de otras, en aras de proteger a la población isleña-raizal y la riqueza socio cultural y ambiental de la isla, el reconocimiento constitucional tuvo como consecuencia el estancamiento del patrón de poblamiento insular fundamentado en la migración diaspórica.
En este contexto, es posible observar que la constitución de 1991 al tiempo que ha buscado afirmar las justas pretensiones a una identidad, y unos derechos permanentemente negados por el proceso de asimilación del Estado colombiano, también ha producido el aumento de las tensiones sociales en el Archipiélago. Situación que se alimenta de un acceso diferencial a los derechos étnicos, a la búsqueda de mayores espacios de interlocución y participación ligados al proceso de etnización vivido por la población isleña-raizal; situación que se manifiesta en una relación ambivalente entre esta población y el Estado colombiano, quienes estratégicamente, y de acuerdo a las conveniencias coyunturales, apelan bien sea a la negación o a la afirmación de un “otro” en un pequeño territorio insular.
[1] Los pilares del plan de desarrollo de Pastrana (1970 – 1974) fueron las siguientes Cuatro Estrategias:
1. Incremento de la productividad del sector agrícola gracias a su tecnificación, la cual genera la disminución de los empleos agrícolas, y un excedente de mano de obra;
2. Creación de empleos urbanos, en el sector de la construcción, incluso en contra de las tendencias históricas, poniendo énfasis en la edificación de vivienda urbana y edificaciones complementarias;
3. Incremento de la demanda del sector de la construcción y expansión de la oferta de crédito a largo plazo dirigido a la adquisición de vivienda nueva;
4. Mejorar la oferta de los servicios financieros, puesto que “las tasas de interés controladas [por el] mercado institucional, frente a una tasa de inflación que las supera, arrojan un rendimiento negativito para el ahorro”.
[2] Fenómeno respaldado por el decreto 1229 de 1972, que instauró las Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), así como la creación de la Junta de Ahorro y Vivienda (JAVI) que se encargaría de formular la política hacia las corporaciones de ahorro y vivienda, y el Fondo de Ahorro y Vivienda (FAVI) que fue creado por el Decreto 678 y 677 de 1972. Esta unidad de valor constante surgió en la vida financiera del país el 15 de septiembre de 1972, con un valor nominal de cien pesos y a partir de ese día se fue reajustando diariamente, con el método de corrección monetaria basado en los índices oficiales sobre el aumento en el nivel interno de precios. Vale la pena mencionar que los decretos 677 y 678 de 1972 constituyen la columna vertebral de toda la política crediticia, donde el primer decreto se orienta bajo el “principio del valor constante de ahorros y préstamos”; t el segundo, “autorizó la constitución de corporaciones privadas de ahorro y vivienda cuyos objetivos se enmarquen dentro de los enunciados en el Decreto 677.” (Llorente. Ob. Cit. Pp. 186 y 218.)
[3] Esto hizo necesario la regulación del mercado de capitales, a través del Decreto 1211 de 1972 que, aunque tiene su sustento en el ordinal 14 del artículo 120 de la Constitución de 1886, permite la creación de toda una infraestructura en materia de captación y movilización del ahorro interno.
[4] Sánchez, D. 2012. La administración Petro tiene un reto gigantesco: Entrevista a Carlos Torres. Marzo de 2012. Periódico Desde Abajo.
[5] De acuerdo con el Plan de Desarrollo Distrital 2012 – 2016, la evolución quinquenal del coeficiente de Gini en Bogotá muestra una preocupante tendencia a la concentración espacial: 1985 (0.436), 1990 (0.430), 1995 (0.510), 2000 (0.540), 2011 (0.542).
[6] La rehabilitación o la revitalización de barrios es un instrumento global para la recuperación integral de ámbitos urbanos, centrales o periféricos afectados por problemas habitacionales, con el objetivo de mejorar las condiciones de alojamiento de la población y otros aspectos de carácter urbanístico, social y económico, mediante la integración, la coordinación y el fomento de las distintas actuaciones que los agentes públicos y privados puedan desarrollar en dichos ámbitos.
[7] La administración actual parece inclinarse por la idea de “revitalización” y no de “renovación” lo cual tiene concepciones opuestas de fondo, ya que la “revitalización” parte de reconocer la ciudad construida, mientras que la “renovación” es borrar y volver a hacer. Esta decisión se sustenta en que la idea del borrar no solo ha significado un volver a construir una nueva infraestructura física, sino que dicho proceso fortalece lógicas de gentrificación, en la medida que -por lo general- la renovación implica desplazar a los pobladores que habitan los espacios a intervenir.
[8] La búsqueda de recursos adicionales debe tener como criterio rector el teorema George, Hotelling & Vickrey (GHV): La ciudad genera las rentas que necesita para pagar sus servicios. En otras palabras, la dinámica urbana crea los excedentes necesarios para financiar los servicios de la ciudad. Hasta ahora, la mayoría de las rentas han quedado en manos de los particulares. El aprovechamiento de las potencialidades de la ciudad para generar rentas requiere consolidar las alianzas público privadas. […] Las posibilidades del teorema GHV no se reducen a los tributos sino a las diferentes alianzas público privadas. El Distrito, a través de las secretarías de Hacienda, Desarrollo Económico, Hábitat y la ERU, debe actuar como banquero de inversión, con perspectiva de largo plazo. El Distrito debe ser un estructurador de proyectos de inversión, de tal forma que se logre canalizar recursos hacia obras que favorecen a la ciudad y que le permiten obtener a los privados tasas de retorno razonables (PDB 2012:46).
[9] El aburguesamiento o gentrificación (del inglés, gentrification) es un proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector o barrio deteriorado, y con pauperismo es progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva.
[10] De la Iglesia, F. y Moreno, J. (2008). Foro Barriadas. 2006. Nuevos centros urbanos. Los márgenes se hacen centro. Ciudad Viva. www.laciudadviva.org
[11] La industrialización fue uno de los factores claves en el proceso de urbanización de la población en torno a la ciudad de Cali, y al desarrollo en su área de influencia de fenómenos propios de la metropolización, como lo va a ser la conurbación de base industrial con el municipio de Yumbo, el traslado de funciones o servicios urbanos a Palmira (aeropuerto), Candelaria (central de abastos) o Jamundí (recreación) (Londoño 2011.:56).
[12] De otra parte, la agroindustria de la caña de azúcar en sus sucesivas fases de expansión desplaza otros cultivos y la ganadería, presionando de forma constante la transformación del uso y la inclusión de áreas cada vez mayores (Londoño 2011).
[13] Tal vez el factor que más influyó en la transformación territorial del entorno metropolitano de Cali a partir de los años ochenta, fue la construcción de grandes proyectos de infraestructura en dos campos: i) para la protección y regulación del cauce del río Cauca y sus afluentes en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, que cruzan la zona urbana de Cali, cuyo proyecto nodal fue la construcción del embalse de la Salvajina; y ii) la infraestructura vial para la conexión de todo el valle geográfico desde Santander de Quilichao en el norte de Cauca, hasta Cartago en el norte del Valle, siendo la zona más densa en desarrollos la que comprende el entorno metropolitano de Cali (Londoño Ibid.:95).
[14] Los cambios de usos del suelo ha generado enriquecimiento de propietarios que inciden en el cambio de la clasificación del suelo, mientras para otros ha significado la desvalorización y restricción del uso residencial y productivo de sus predios. (Duarte 2012).
[16] “Un buen ambiente de negocios es vital para la generación de empleo, pues fomenta la creación de nuevas empresas, la expansión de éstas y las existentes, y la atracción y retención de inversiones. En el ranking regional da facilidad para hacer negocios: “Doing Business” de la Corporación Financiera Internacional (IFC), sin embargo, Cali ocupa el lugar 20 entre 21 ciudades colombianas evaluadas. El exceso de trámites y los altos costos en dinero y tiempo asociados a ellos imponen grandes barreras al desarrollo de los negocios en la ciudad. Si bien el gobierno nacional dio un impulso importante en esta materia al implementar el Decreto Anti-Trámites, es imperativo trabajar mancomunadamente con otros actores clave de la ciudad, como la Cámara de Comercio de Cali (CCC) —como ya se ha venido haciendo con la Ventanilla Única del Constructor e inspección, vigilancia y control de establecimientos de comercio—, para reducir estas talanqueras a la actividad empresarial” (PDC 2012:80).
[17] Tomando datos del Censo del DANE 2005, se observa que el 61% de los habitantes que no nacieron en Villavicencio entre el lapso 2000 y 2005 sino que provienen de otros municipios del Meta, así como el 8.25% de Bogotá, el 2.24% de Cundinamarca y de otros departamentos como Guaviare, Casanare y Tolima (Alcaldía de Villavicencio 2010).
[18] Rausch, J. M. (2011). De pueblo de frontera a ciudad capital. La historia de Villavicencio, Colombia desde 1842. Editorial Unillanos y Banco de la Republica.
[19] Barquero Nariño, Alberto. (1990). El caso Llanero: Villavicencio. Villavicencio: Editorial Siglo XX.
[20] Observatorio del Territorio: Conflicto, Desarrollo, Paz y Derechos Humanos. (2012). Escenarios de riesgo e impacto diferencial del conflicto violento en el Meta. Villavicencio: Universidad de los Llanos.
[21] García Bustamante Miguel. (2003). Persistencia y cambio en la frontera oriental de Colombia: el piedemonte del Meta, 1840-1950. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT.
[22] Espinel Riveros, N. (1997). Villavicencio, dos siglos de historia comunera 1740 – 1940. Villavicencio: Editorial Juan XXIII.
MODELO DE CIUDAD EN COLOMBIA 